La ciencia de la longevidad avanza a gran velocidad. Lo que hace unas décadas se veía como ciencia ficción –reprogramación celular, terapias senolíticas o inteligencia artificial aplicada al descubrimiento de fármacos– hoy ocupa un lugar central en laboratorios punteros y atrae miles de millones en inversión privada. Sin embargo, el gran obstáculo no es ya científico, sino cultural y regulatorio: la confianza.
Como muestra la experiencia en Estados Unidos, los avances biomédicos no se traducen automáticamente en aceptación social ni en uso clínico. Encuestas recientes reflejan que una mayoría de ciudadanos sigue mostrando escepticismo: prefieren una vida más corta pero saludable antes que una más larga condicionada por la enfermedad.
Europa y España no son ajenas a esta dinámica. La falta de confianza se multiplica aquí por un factor añadido: el retraso normativo. La ciencia y el marketing avanzan más rápido que la legislación y la burocracia, lo que crea un terreno ambiguo donde la innovación se percibe como sospechosa por no estar aún legalmente reconocida. En este contexto, la prudencia ciudadana frente a terapias emergentes se convierte en un círculo vicioso: sin regulación clara no hay confianza, y sin confianza no hay presión para agilizar la regulación.
El marco normativo en España y Europa
En España, los medicamentos y terapias deben pasar por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y, en el marco europeo, por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). El sistema es sólido y garantiza seguridad, pero es lento y muy rígido: exige años de ensayos clínicos y protocolos estrictos antes de autorizar una innovación.
Por eso vacunas, antibióticos y fármacos convencionales cuentan con una confianza casi automática: fueron aprobados hace décadas, están integrados en la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y en el Sistema Nacional de Salud, y su consumo se percibe como normalizado. Nadie cuestiona, por ejemplo, la necesidad de vacunarse regularmente contra la gripe o de tomar antibióticos de amplio espectro, a pesar de que presentan riesgos conocidos como resistencias bacterianas o efectos adversos.
En cambio, terapias de medicina regenerativa o integrativa encuentran un muro normativo. El Reglamento (CE) 1394/2007 sobre medicamentos de terapias avanzadas (ATMPs) regula los tratamientos con células madre, terapia génica o ingeniería tisular, pero su aplicación práctica es tan restrictiva que solo grandes compañías con inversiones millonarias pueden superar el proceso. En España, clínicas privadas que ofrecían tratamientos con células madre autólogas para regeneración de cartílago o recuperación neurológica han sido sancionadas o cerradas por la AEMPS, aunque los pacientes reportaban mejoras.
Otro ejemplo claro fue la polémica en 2018 con la homeopatía. Aunque miles de personas la usaban, el Ministerio de Sanidad decidió retirarla de las farmacias por falta de evidencia científica suficiente, generando un mensaje público claro: lo no regulado no es confiable. A su vez, terapias emergentes como la fotobiomodulación o la neuromodulación no invasiva se investigan en universidades y hospitales, pero su aplicación clínica está limitada porque no encajan aún en la categoría de “medicamento” ni de “producto sanitario” bajo la normativa vigente.
¿Exceso de prudencia o prudencia justificada?
En España y en la Unión Europea, el principio de precaución domina la política sanitaria. Este enfoque protege frente a riesgos potenciales, pero a menudo ralentiza la incorporación de innovaciones. El ciudadano percibe entonces que lo que no está autorizado es “peligroso”, cuando en muchos casos lo que ocurre es que está “pendiente de regulación”.
El resultado es una tensión constante: por un lado, la promesa de alargar la vida en buena salud; por otro, el temor a caer en un exceso de promesas sin respaldo normativo. En comparación con Estados Unidos, donde el capital privado impulsa con más agresividad la experimentación, Europa avanza más despacio, a menudo a costa de perder atractivo para la inversión y el desarrollo de startups biomédicas.
Un cambio cultural: de la bata blanca al like en las redes
El reto no es solo legal, sino también cultural. Tradicionalmente, la autoridad médica se representaba con símbolos normativos: la bata blanca impecable, la corbata del especialista o el lenguaje técnico inaccesible. Ese marco transmitía seguridad porque encajaba con la visión jerárquica y normativa de la medicina.
Pero las nuevas generaciones de médicos y terapeutas están rompiendo con esa imagen. Muchos jóvenes profesionales ya no usan bata ni corbata, buscan ser percibidos como cercanos, modernos y accesibles. Prefieren transmitir confianza a través del acompañamiento, la escucha activa y la innovación, no de los símbolos externos de autoridad. Esta transición refleja un cambio de mentalidad: de la medicina “creída” y vertical, hacia una medicina disruptiva, horizontal y participativa, donde el paciente se convierte en protagonista de su propio cuidado.
El campo de la longevidad se encuentra en un momento decisivo. En EE. UU. surgen iniciativas como el Public Longevity Group (PLG), que busca medir y anticipar la percepción social para diseñar estrategias de confianza. Europa, en cambio, carece de plataformas similares con impacto público. Si no se avanza en este terreno, el continente corre el riesgo de ver cómo la revolución de la longevidad florece en otros mercados más ágiles mientras aquí se percibe como un debate lejano y elitista.
La falta de confianza en la longevidad, tanto en España como en el resto de Europa, no se debe únicamente al escepticismo ciudadano, sino a la brecha entre la velocidad de la ciencia y la lentitud de la normativa. Ejemplos como la regulación estricta de terapias con células madre, la retirada de la homeopatía de farmacias o las limitaciones para terapias emergentes ilustran un problema de fondo: mientras lo “clásico” se asume sin cuestionamiento, lo nuevo genera desconfianza porque no encaja aún en el marco legal.
Queda por decidir si esta prudencia es un exceso –que nos relega a un papel secundario en la revolución biomédica– o una protección razonable que evita riesgos prematuros. Lo cierto es que, sin confianza construida sobre transparencia, regulación clara y un esfuerzo cultural de comunicación, la longevidad seguirá siendo percibida como promesa más que como realidad.
