La salud mental se ha consolidado como uno de los principales desafíos sanitarios, sociales y económicos del siglo XXI. Naciones Unidas ha reconocido oficialmente su carácter prioritario a nivel global, subrayando la urgencia de reforzar la prevención, la atención psicológica y los modelos comunitarios de cuidado. Este posicionamiento responde a una realidad contundente: los trastornos mentales afectan actualmente a cerca de 1.000 millones de personas en todo el mundo, según estimaciones internacionales, y su prevalencia continúa en aumento.
Los problemas de salud mental, entre los que destacan la ansiedad, la depresión y los trastornos psicóticos, no solo generan un elevado sufrimiento individual, sino que interactúan de forma compleja con otras enfermedades no transmisibles. La evidencia científica muestra que las personas con trastornos mentales presentan un mayor riesgo de desarrollar patologías cardiovasculares, metabólicas y neurológicas, así como una reducción significativa de la esperanza de vida saludable.
La Declaración política adoptada por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2025 establece una nueva hoja de ruta global en la que la salud mental se reconoce explícitamente como una enfermedad no transmisible, al mismo nivel que el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas. Este enfoque se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el compromiso de reducir en un 33 % la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles antes de 2030.
Desde una perspectiva epidemiológica, el impacto es notable: las enfermedades no transmisibles provocan más de 43 millones de muertes anuales, de las cuales 18 millones ocurren de forma prematura, antes de los 70 años. Dentro de este contexto, los trastornos mentales contribuyen de forma indirecta pero significativa a la mortalidad y la discapacidad. El suicidio, por ejemplo, se sitúa como la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, lo que refuerza la necesidad de estrategias preventivas basadas en evidencia.
El documento subraya además el impacto socioeconómico de la salud mental. Los trastornos mentales y las enfermedades crónicas limitan el desarrollo del capital humano, reducen la productividad y perpetúan ciclos de desigualdad. Estos efectos afectan de forma desproporcionada a poblaciones vulnerables, incluidos niños, adolescentes, personas mayores y comunidades expuestas a pobreza, conflictos o crisis climáticas.
Uno de los ejes centrales de la Declaración es el cambio de paradigma hacia la prevención y la promoción del bienestar psicológico. La evidencia demuestra que intervenir sobre determinantes sociales, estilos de vida, cohesión comunitaria y reducción del estigma puede disminuir de forma significativa la incidencia y gravedad de los trastornos mentales. Factores como el aislamiento social, la soledad, el consumo nocivo de alcohol, el uso problemático de entornos digitales y el estrés crónico son identificados como riesgos modificables clave.
En este contexto, la atención primaria emerge como un pilar estratégico. La integración de la salud mental en los servicios comunitarios permite mejorar la detección precoz, el seguimiento y la continuidad asistencial. Naciones Unidas establece como objetivo que al menos 150 millones de personas adicionales tengan acceso a servicios de salud mental antes de 2030, reforzando los modelos de atención psicológica comunitaria y centrada en la persona.
Asimismo, la Declaración reconoce la necesidad de aumentar la inversión en recursos humanos especializados, mejorar la formación en competencias psicológicas del personal sanitario y fortalecer los sistemas de información y vigilancia epidemiológica. La recopilación de datos fiables y comparables se considera esencial para evaluar el impacto de las intervenciones y orientar políticas públicas basadas en evidencia científica.
Desde una perspectiva de wellness y salud integral, este reconocimiento global refuerza una conclusión clara: la salud mental es un determinante central de la longevidad, la calidad de vida y el bienestar sostenible. Integrar la ciencia, la prevención y el enfoque comunitario no solo mejora los indicadores de salud, sino que contribuye a construir sociedades más resilientes, equilibradas y conscientes.
